Al Presidente Gustavo Petro no le importó la postura de la Fiscalía General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia, al autorizar este miércoles el traslado de los integrantes de los grupos armados ilegales a cinco (5) Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), definidas en el marco de los procesos de paz en territorios priorizados.

La decisión la tomó tras reunirse con el Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, y los delegados del Gobierno Nacional para los procesos de paz -Armando Novoa, Carlos Erazo, Gloria Quiceno, Mauricio Silva, Álvaro Jiménez, Isabel Zuleta, Fabio Cardozo, Alexander Castillo y Camilo Pineda.

"Se rindió un informe sobre los avances, logros y dificultades en el desarrollo de cada uno de los procesos que se adelantan", indicó la Consejería de Paz.

Agregó que, en este escenario, se resaltó que la dirección de la Política de Paz y del orden público "corresponde de manera exclusiva al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, en concordancia con la Constitución Política de Colombia en su artículo 189, numeral 4° y la Ley 2272 de 2022".

En desarrollo de dichas competencias constitucionales y legales, el Presidente de la República autorizó avanzar de manera rápida con lo acordado.

"En la primera fase de implementación de las ZUT, no harán presencia personas respecto de las cuales existan órdenes de captura con fines de extradición vigentes, situación que será objeto de evaluación posterior por parte del Presidente de la República", señaló la Consejería.

El Gobierno Nacional reiteró que la paz es una política de Estado, "cuya realización implica la concurrencia de todas las autoridades bajo los principios de colaboración armónica e independencia funcional, tal como lo ordena la Constitución Política de 1991".